Propuesta

Proponemos  la Participación Ciudadana Directa

1. Proponemos establecer grupos asesores en las agencias públicas compuestos por miembros de las comunidades geográficas y sociales pues sus necesidades, problemáticas y triunfos no son atendidas con la especificidad que éstas requieren. Estos grupos asesores no solo darán su insumo sino que establecerán las prioridades a las instituciones pertinentes en la creación e implantación de la política pública que atienda a estas comunidades.
   
   
2. Reclamamos que la composición de la Junta de Planificación contenga personal sensibilizado e identificado con las luchas comunitarias que represente el interés ciudadano. El propósito es atender con sensibilidad los asuntos relativos a la planificación del uso del suelo.
   
   
3. Proponemos que la ciudadanía pueda convocarse para vetar decisiones de la JP o ARPE, tal y como ha ocurrido en California o Venezuela cuando se convocaron para revocar el mandato de funcionarios.
   
   
4. Queremos que venga quien venga a gobernar, que le pongan cualquier adjetivo a nuestras comunidades, pero que se comprometan con mantener y mejorar los espacios vigentes de participación ciudadana como la Ley de las Escuelas de la Comunidad, la Ley de Comunidades Especiales, y el Capítulo XVI de la Ley de Municipios Autónomos conocido como Capítulo de Participación Ciudadana, la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Crímenes de Odio, la Carta de Derechos de las Personas que viven con el vih/sida, la Carta de Derechos del Paciente, entre otras.
   
   
5. Proponemos revisar la ley de expropiación para llegar a una definición clara y precisa de lo que es un fin público, delimitando las facultades de expropiación del Estado a proyectos de beneficio para la comunidad y que solamente por medio de la consulta y participación de la comunidad se pueda iniciar el proceso de expropiación. Que sea el gobierno quien tenga el peso de probar que la opción menos onerosa para lograr su fin público es la expropiación, tal y como se hace cuando el gobierno afecta derechos fundamentales, en cuyos casos el gobierno viene obligado a demostrar que persigue un interés apremiante y que no tiene forma menos onerosa de conseguirlo.

Proponemos Justicia Social

1. Proponemos la creación de una Procuradoría de Derechos Humanos o la modificación de la Comisión de Derechos Civiles para que vele y adjudique los derechos civiles de todos los seres humanos, sin exclusión por consideración alguna. Este organismo tendría el poder de adjudicar querellas que se presenten por violación a los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de l@s ciudadan@s.
   
   
2. Proponemos enmendar la Constitución para incluir la prohibición del discrimenpor origen étnico, edad, la orientación sexual y la identidad de género.
   
   
3. El gobierno tiene que garantizar el acceso a servicios de salud con la competencia y sensibilidad cultural para atender a tod@s sus ciudadan@s, respetando y valorando las características específicas de su identidad.
   
   
4. El gobierno tiene que garantizar el desarrollo social, económico, ambiental y legal de tod@s sus ciudadan@s por igual.

Una sociedad no puede llamarse sociedadmientras a orillas del camino se nos quede gente clamando por justicia. Una sociedad no puede llamarse sociedad mientras las instituciones y los funcionarios que juran velar por la seguridad, la salud, el desarrollo económico y social, la igualdad y el bienestar de todos los seres humanos incumplen su tarea primordial. Una sociedad no puede llamarse sociedad mientras no exista la justicia social, económica, ambiental y legal para todos los seres humanos.

Portal motivo, varias comunidades en Puerto Rico nos hemos unido en este Manifiesto de Dignidad, que propone una verdadera justicia social, económica, ambiental y legal para tod@s l@s ciudadan@s por igual.

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¡Escríbeles a los senadores para que prohíban el discrimen!