Manifiesto Dignidad

Introducción

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece claramente la máxima de nuestro sistema democrático de vida – que la dignidad del ser humano es inviolable. Dignidad que reconoce la igualdad ante la ley de todos los seres humanos. Dignidad que debe garantizar el acceso a la justicia social, ambiental, legal y económica. Dignidad que rechaza el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas; que debe incluir también el origen étnico, edad, la orientación sexual y la identidad de género. Dignidad que tiene que salvaguardarse por el Estado.

La realidad de muchas comunidades en Puerto Rico se aleja de estos conceptos básicos de la dignidad y la libertad humana. Muchas comunidades son excluídas de los procesos gubernamentales, económicos, ambientales, legales y sociales al ser discriminadas por instancias que expresamente la Constitución prohíbe. Este discrimen atenta contra los valores de la sociedad puertorriqueña que son la equidad, la participación ciudadana, la responsabilidad común, la solidaridad compartida, el respeto a la diversidad y a la dignidad, el amor, el acceso a la justicia, la garantía de la libertad.

¿Quiénes somos?

Somos parte de un movimiento de ciudadan@s de este país que en diversas formas hemos tenido que enfrentar, sin el apoyo gubernamental, el discrimen, elitismo y clasismo, aquél que inclusive es capaz de expropiar a los grupos más vulnerables como los de menos recursos económicos, incluyendo a ancianos, para crear nuevos espacios para los más pudientes. Ciudadan@s que le hemos hecho frente al desarrollo desenfrenado que menosprecia la importancia de la conservación de los recursos naturales. Ciudadan@s que hemos proclamado con orgullo nuestra identidad a pesar de haber vivido acosados y perseguidos por los prejuicios en contra de nuestras diferencias o particularidades.

Ampliamos la definición de comunidad para romper con el discrimen y así incluir a muchas personas que por algunos rasgos inmutables de nuestra identidad conformamos comunidades sociales. Entiéndase las comunidades de ancianos, inmigrantes, dominicanos, madres solteras, padres solteros, afroantillanos, familias no tradicionales, comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero, jóvenes, personas con impedimentos, trabajadores, personas que viven con vih/sida, entre muchas otras.

Somos ciudadan@s que conformamos comunidades geográficas y sociales que buscamos que el desarrollo en función del bienestar social y económico de Puerto Rico se convierta en la norma y no la excepción en nuestro país, hecho que inevitablemente incluye la consideración a la preservación de nuestros recursos naturales.

La herramienta indispensable para que esto ocurra es la participación ciudadana directa. De eso es que queremos hablar; y participación ciudadana directa no quiere decir que la gente tenga derecho a opinar o a protestar, sino que tenga derecho a decidir; y no a decidir cada 4 años quienes se repartirán el país, sino a decidir en el diario vivir cómo desarrollar nuestro país, y decidir teniendo en cuenta los intereses de la comunidad, no del partido político de turno.

¿Qué nos motiva?

Creemos que es el momento de l@s ciudadan@s para retomar el poder que delegamos en nuestros gobiernos de velar por la justicia social y el desarrollo responsable y sensible a las necesidades de tod@s l@s ciudadan@s por igual. Ese rol incumplido se manifiesta por medio de las acciones del gobierno tan recientes como las expropiaciones forzosas que constituyen una manifestación sistemática de violencia institucional deliberadamente estructurada por parte del Estado en contra de sus ciudadan@s; y se manifiesta, además, en el trato discriminatorio a comunidades sociales. Esto elimina para la mayoría de l@s ciudadan@s la oportunidad de mejorar su calidad de vida y los excluye social y económicamente.

Educaremosa l@s ciudadan@s a luchar por la cultura – folklore, tradiciones, historia comunal, artes – y se apoderen de los espacios culturales – los sitios donde se expresan los valores y la identidad. Por ejemplo, Casa Pueblo luchó por evitar la mutilación de la plaza de recreo de Adjuntas. Otro grupo comunal en el área de Dorado y Toa Alta evitó que una urbanización borrara de la memoria lo que puede ser la primera finca establecida por los españoles en Puerto Rico. El grupo de Santurce defiende la compleja red de calles y casas que presenta la evolución de una comunidad de trabajadores, que quieren ser borrados del mapa por proyectos de vivienda para elites. Es importante, además, hacer valer la prohibición del discrimen por orientación sexual e identidad de género desde los cimientos de nuestro folklore, tradiciones, artes e historia que encarnan el mismo heterosexismo que usan las élites para oprimir y dividir a un pueblo.

Promoveremos que se atienda y respete, además de vivienda, salud y seguridad, la identidad, historia y costumbres de las comunidades. Todo nuestro entorno está lleno de historia, está formado del cuajado de cultura de años. Tenemos que aportar respetando las aportaciones valiosas de nuestros ancestros. Hemos recibido en préstamo nuestro mundo y nuestros ambientes, nuestras comunidades y nuestros vecindarios; no tenemos derecho de borrarles la memoria o a atropellarlos.

Movilizaremosa nuestras comunidades, una a una, y a tod@s l@s ciudadan@s en una unión de acción ciudadana autónoma para lograr el desarrollo humano sustentable, para erradicar el discrimen y para defender su dignidad. Hemos comprobado que el gobierno se ha confabulado con los grandes intereses económicos y no ha logrado detener la contínua destrucción de nuestros recursos, comunidades y patrimonio. Las reuniones interminables para formular propuestas y soluciones, las visitas a vistas públicas, a las dependencias y foros gubernamentales para buscar justicia y acción en asuntos que tocan nuestra vida y nuestros derechos fundamentales no ha conducido a nada. Consolidaremos nuestros esfuerzos y nos tiraremos a la calle hasta lograr que el gobierno desista de los atropellos contínuos a la sociedad civil.

Las instituciones tienen que crear proyectos educativos que promuevan el respeto a la diversidad, rechazando el discrimen y fomentando la inclusión; al igual que logra la representación de los verdaderos valores de nuestra gente. Sólo así se contribuye al óptimo desarrollo humano.

Proponemos  la Participación Ciudadana Directa

  1. Proponemos establecer grupos asesores en las agencias públicas compuestos por miembros de las comunidades geográficas y sociales pues sus necesidades, problemáticas y triunfos no son atendidas con la especificidad que éstas requieren. Estos grupos asesores no solo darán su insumo sino que establecerán las prioridades a las instituciones pertinentes en la creación e implantación de la política pública que atienda a estas comunidades.
  2. Reclamamos que la composición de la Junta de Planificación contenga personal sensibilizado e identificado con las luchas comunitarias que represente el interés ciudadano. El propósito es atender con sensibilidad los asuntos relativos a la planificación del uso del suelo.
  3. Proponemos que la ciudadanía pueda convocarse para vetar decisiones de la JP o ARPE, tal y como ha ocurrido en California o Venezuela cuando se convocaron para revocar el mandato de funcionarios.
  4. Queremos que venga quien venga a gobernar, que le pongan cualquier adjetivo a nuestras comunidades, pero que se comprometan con mantener y mejorar los espacios vigentes de participación ciudadana como la Ley de las Escuelas de la Comunidad, la Ley de Comunidades Especiales, y el Capítulo XVI de la Ley de Municipios Autónomos conocido como Capítulo de Participación Ciudadana, la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Crímenes de Odio, la Carta de Derechos de las Personas que viven con el vih/sida, la Carta de Derechos del Paciente, entre otras.
  5. Proponemos revisar la ley de expropiación para llegar a una definición clara y precisa de lo que es un fin público, delimitando las facultades de expropiación del Estado a proyectos de beneficio para la comunidad y que solamente por medio de la consulta y participación de la comunidad se pueda iniciar el proceso de expropiación. Que sea el gobierno quien tenga el peso de probar que la opción menos onerosa para lograr su fin público es la expropiación, tal y como se hace cuando el gobierno afecta derechos fundamentales, en cuyos casos el gobierno viene obligado a demostrar que persigue un interés apremiante y que no tiene forma menos onerosa de conseguirlo.

Proponemos Justicia Social

  1. Proponemos la creación de una Procuradoría de Derechos Humanos o la modificación de la Comisión de Derechos Civiles para que vele y adjudique los derechos civiles de todos los seres humanos, sin exclusión por consideración alguna. Este organismo tendría el poder de adjudicar querellas que se presenten por violación a los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de l@s ciudadan@s.
  2. Proponemos enmendar la Constitución para incluir la prohibición del discrimenpor origen étnico, edad, la orientación sexual y la identidad de género.
  3. El gobierno tiene que garantizar el acceso a servicios de salud con la competencia y sensibilidad cultural para atender a tod@s sus ciudadan@s, respetando y valorando las características específicas de su identidad.
  4. El gobierno tiene que garantizar el desarrollo social, económico, ambiental y legal de tod@s sus ciudadan@s por igual.

Una sociedad no puede llamarse sociedadmientras a orillas del camino se nos quede gente clamando por justicia. Una sociedad no puede llamarse sociedad mientras las instituciones y los funcionarios que juran velar por la seguridad, la salud, el desarrollo económico y social, la igualdad y el bienestar de todos los seres humanos incumplen su tarea primordial. Una sociedad no puede llamarse sociedad mientras no exista la justicia social, económica, ambiental y legal para todos los seres humanos.

Portal motivo, varias comunidades en Puerto Rico nos hemos unido en este Manifiesto de Dignidad, que propone una verdadera justicia social, económica, ambiental y legal para tod@s l@s ciudadan@s por igual.